El juicio a la exmandataria que asumió el poder luego de que Evo Morales fue depuesto, despierta preocupación sobre el uso político del sistema judicial.
El juicio, el capítulo más reciente de la prolongada agitación política de Bolivia, ha despertado preocupación de que los líderes del país estén usando los tribunales contra sus adversarios políticos y de que la sentencia sea muestra de una crisis democrática más amplia en el país sudamericano y en la región.
“La democracia está en cuestión, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica”, dijo Gonzalo Mendieta, abogado y analista político basado en La Paz, sede del gobierno de Bolivia.
Añez fue detenida el 13 de marzo de 2021 en Trinidad, su ciudad natal, y fue trasladada a La Paz luego de que se emitiera una orden de captura acusándola de terrorismo y sedición. También fue acusada de otros delitos y retenida en prisión por casi 15 meses bajo la modalidad de “detención preventiva”.
El viernes fue sentenciada por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, acusada de incumplimiento de deberes y de tomar resoluciones contrarias a la Constitución de Bolivia.
Luis Guillén, el abogado de Añez, le dijo a The New York Times que creía que el fallo del tribunal tenía motivaciones políticas y que el actual gobierno de Bolivia, liderado por un aliado socialista de Morales, incurrió en violación a la ley debido al trato que Añez recibió durante su detención.
“Vamos a agotar los recursos internos y luego acudir a organismos internacionales”, dijo Guillén.
Iván Lima, ministro de Justicia de Bolivia, negó las acusaciones y dijo que “no hay pruebas” para sustentarlas. “Somos un gobierno que está respetando las reglas del debido proceso y que está permitiendo que las reglas democráticas lleguen a todos los actores políticos”, dijo Lima en una entrevista.