Por: Rodrigo Rivas Uribe
Por considerar que su aplicación de forma retroactiva afecta derechos adquiridos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la pasada reforma a la Ley Orgánica del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), con la que se puso un techo máximo al monto de las jubilaciones de ex funcionarios.
En el documento firmado por la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se expone que las disposiciones con efectos retroactivos menoscaban derechos de las personas pensionistas. Argumenta que el derecho a la seguridad social, así como el principio de previsión social no pueden nunca restringirse por leyes secundarias y advierte que los legisladores no se encuentran facultados para establecer limitaciones a los derechos sociales establecidos constitucionalmente.
“A juicio de esta Comisión Nacional los preceptos en combate establecen disposiciones con efectos retroactivos en menoscabo de las personas pensionistas, cuya pensión supere treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes, las cuales serán reducidas a dicha cifra, a pesar de que constituyen un derecho otorgado”, se precisa en el texto.
El pasado 3 de septiembre, el Congreso de Jalisco aprobó la reforma para topar el monto máximo de las pensiones en 39 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) lo que equivale a 106 mil 253 pesos. La reforma se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 9 de septiembre y entró en vigor un día después.
Tras la entrada en aplicación del tope a las pensiones al menos 18 ex funcionarios jubilados se ampararon y obtuvieron suspensión para que no les aplique la medida. En contra parte, 45 jubilados que no recurrieron a la vía legal ya recibieron el recorte de su jubilación en el pago correspondiente a octubre.
GC